Hace varios meses comenzaron a reeditarse las protestas en Chubut, a raíz del intento del Gobierno Provincial de reinstalar la megaminería en Chubut. Protestas, marchas, recolección de firmas y una postura firme de parte del gobernador Mariano Arcioni. En octubre pasado la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) presentó más de 30 mil firmas frente al Superior Tribunal de Justicia manifestando el rechazo a esta actividad.
El incremento de las protestas y de las marchas culminó el pasado 10 de noviembre con incidentes en la Casa de Gobierno de Chubut, con piedrazos y algunas quemas de cortinas en los principales despachos del edificio, incluyendo el del propio gobernador Arcioni.
Por otra parte, en las últimas horas se denunció el despliegue de un fuerte operativo policial, a cargo de la GEOP, que interrumpió en viviendas de activistas antiminería, deteniendo a algunas personas.
La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut emitió un comunicado denunciando “persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias”, manifestando que “el gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería”.
Sostienen además que “luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional, el Gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la Casa de Gobierno”.
En este sentido, también denunciaron a los principales medios de comunicación que “demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de ´ecoterrorista´”.
“Las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el Ministro Massoni no tienen justificación alguna. Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincial”, agregaron.
En Chubut rige la prohibición de la megaminería desde el año 2003, gracias a las manifestaciones de la sociedad, protagonizadas por la UACCh. Los grupos antimineros activaron las protestas, luego de que el Gobierno Provincial admitiera que prepara un proyecto que apunta a reglamentar uno de los artículos de la ley provincial vigente. En su artículo 1°, la Ley 5001 fija la "prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en procesos de producción".
Pero en su artículo 2°, la norma establecía que el Consejo Provincial del Ambiente (Copiram), creado por la Ley 4563 e integrado "conforme los términos del Decreto Provincial 180/2003", determinará en el plazo de 120 días corridos a partir de la sanción de la ley "la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso". También establecía la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1.
Sin embargo, 17 años después el debate continúa pendiente en Chubut. Arcioni expresó esta semana a través de su cuenta oficial de Twitter que "hoy la tecnología ofrece alternativas muy eficientes para desarrollar otro tipo de minería". Y resaltó: "Estamos planificando la provincia y el país a 50 años. La mesa nacional para el Plan Estratégico del desarrollo minero es el punto de partida para el acuerdo y el consenso con todos los sectores".
Sostuvo que "la Argentina y la provincia de Chubut necesitan hoy más que nunca ampliar su matriz productiva, crecer y exportar". Y propuso: "Debemos construir desde las diferencias, sin perder de vista que Chubut debe dar la discusión sobre su matriz productiva. El acuerdo y el consenso con todos los sectores permite un debate plural y maduro donde todos son escuchados".