A partir del próximo martes se debatirá en España una nueva ley de aborto que bajará la edad en la cual las personas gestantes podrán acceder a este procedimiento y permitirá que las jóvenes puedan abortar a partir de los 16 años sin necesidad de contar con la autorización de madres, padres o tutores.
El borrador de esta ley irá al Consejo de Ministros español el próximo martes. A su vez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, confirmó que la nueva ley contempla otros puntos fundamentales para el ejercicio del derecho al aborto como garantizar que esa intervención pueda ejercerse en el sistema público.
"Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos", dijo entonces Montero. Este punto es especialmente sensible en España donde en un gran número de hospitales públicos los profesionales se niegan a realizar abortos por cuestiones como la objeción de conciencia de los profesionales.
A su vez, la nueva normativa también reconoce tres días de licencia para las reglas dolorosas, la financiación pública de anticonceptivos hormonales y la píldora del día después y distribución gratuita de los mismos en institutos en el marco de campañas de educación sexual.
También obligará a los centros educativos a garantizar de forma gratuita los productos de gestión menstrual para las mujeres en riesgo de exclusión y también las que se encuentren en prisión, la eliminación del IVA para los artículos específicos de la higiene femenina y la previsión de baja laboral para la interrupción del embarazo.
Por otro lado se mantendrán los plazos: el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
El borrador de la nueva norma también abarca a los vientres de alquiler - práctica conocida localmente como subrogación de vientre - y lo considera una más de las formas de violencia contra la mujer: incluye la prohibición de la publicidad de las agencias, con sanciones, y va más allá.
El anteproyecto, según la SER, dice que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre, una práctica ilegal en España.