El presidente de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, adelantó por Radio Universidad la presentación de una denuncia penal contra el Gobierno provincial por el incumplimiento de la sentencia judicial que obligó a resolver el vertido de aguas servidas sin tratar a las aguas del canal de Beagle.
Respecto de la sentencia incumplida, Worman recordó que “en octubre de 2014 Participación Ciudadana logró un fallo favorable que no fue apelado y terminó condenado el Gobierno provincial, la DPOSS y el municipio de Ushuaia a sanear distintos lugares. En Ushuaia estaba como intendente el actual legislador Federico Sciurano y recayó sobre él la responsabilidad de sanear los turbales frente a Monte Gallinero, pero por sobre todo la Bahía Encerrada, porque el Juzgado decidió dividir las responsabilidades”.
En lo que concierne al Ejecutivo provincial, aclaró que, “el Gobierno, a través de la DPOSS, quedó obligado a realizar las nuevas obras, que era rehabilitar el viejo sistema sanitario de la ciudad que quedó abandonado, además de hacer nuevas obras. Ese fallo está vigente y es un delito el no cumplimiento".
En ese marco adelantó que desde la ONG "se está analizando hacer una presentación en el Ministerio Público del distrito sur, para poner en conocimiento de los fiscales que hay una sentencia firme que se había empezado a cumplir y que la obra está paralizada por incumplimiento de pago. Eso es información oficial, no una versión, porque durante el año se pidió información a la DPOSS, y respondió esto, que está documentado”.
En cuanto la estrategia judicial que seguirá Participación Ciudadana, Worman anticipó que primero se hará “una presentación en la fiscalía penal para que la Justicia haga cumplir el fallo y, en caso de que no se cumpla, esperamos que penalmente persiga a los responsables del incumplimiento. La Municipalidad resolvió las responsabilidades que le tocaban en este fallo y no tiene la gestión del sistema sanitario de la ciudad. Eso le corresponde totalmente a la DPOSS y habrá que ver si la Justicia entiende que la responsabilidad es exclusiva del presidente de la DPOSS, que es el ingeniero Cristian Pereyra, o si hay responsabilidad conjunta del Gobierno provincial”.