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Un impuesto “solidario” de 600 millones de pesos anuales


El 21 de diciembre pasado la Legislatura de la Provincia sancionó una polémica ley, que se trató sobre tablas y sin debate previo, que establece la creación de un seguro “solidario” de sepelio, de carácter obligatorio, a partir del cobro de 6 UFA (unos 720 pesos al día de hoy) a cada titular de medidor de energía en toda la provincia.


El proyecto había sido presentado por el Legislador Ricardo Furlan en el año 2018 y luego de 3 años sin conseguir dictamen fue aprobado sobre tablas en la última sesión del año.

La norma sancionada es polémica porque al crear un sistema universal de sepelios para todos los habitantes de la provincia, se inmiscuye en una actividad prestada por privados. Pero, además, porque adjudica las prestaciones a una única empresa (la Cooperativa Eléctrica de Río Grande) y genera un adicional obligatorio para los usuarios del servicio de energía eléctrica, con una recaudación excedente de $400 millones anuales que se manejarán discrecionalmente y sin controles.

Los cálculos realizados por el estudio letrado sostiene que la recaudación anual sería de unos 600 millones de pesos, pero que el costo operativo para cubrir la demanda de fallecimientos y, por lo tanto, de sepelios, sería de unos 200 millones.

Maximiliano Ercole, abogado integrante del estudio que representa a la empresa Ramón Oviedo, reconocida casa fúnebre de Ushuaia, fue entrevistado en el delivery acerca de las presentaciones judiciales que hicieron. El letrado sostuvo que “la ley es inconstitucional porque establece un direccionamiento de fondos para una empresa de carácter privado, que está determinada por la ley en función de supuestos años de experiencia, pero violando todo el mecanismo que tiene el Estado para contratar”.


“No hay una licitación, sino que es de manera directa que se establece a la Cooperativa; es una obligación que tiene cada persona que tenga a su nombre un medidor, sacando los comerciales, de pagar este impuesto”, agregó.


Ercole sostuvo que a partir de la entrada en vigencia de esta ley (que sería en los próximos días, ya que se promulgó de hecho en enero pasado), el titular “no estaría en condición de elegir y estaría obligado, independientemente de querer elegirlo o no o de tener un servicio privado contratado con anterioridad”.


Los cálculos realizados por el estudio letrado sostiene que la recaudación anual sería de unos 600 millones de pesos, pero que el costo operativo para cubrir la demanda de fallecimientos y, por lo tanto, de sepelios, sería de unos 200 millones. Es decir un excedente de 400 millones de pesos al año que la Cooperativa Eléctrica de Río Grande tendría para poder utilizar de manera discrecional.